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(Análisis)

Los abogados del senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, habrían iniciado gestiones formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que su cliente sea considerado testigo cooperante en las investigaciones federales que lo involucran, según reveló una fuente de esa dependencia al diario El Universal.

La información, publicada este mismo sábado, marcaría un giro inesperado en uno de los casos de mayor sensibilidad política y judicial entre México y Estados Unidos en los últimos años.

Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya (quien solicitó licencia temporal el viernes), fue acusado formalmente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspirar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Inzunza fungió como enlace entre los líderes de esa célula criminal y Rocha Moya. Se le atribuye haber transmitido comunicaciones sobre el supuesto apoyo del cártel a la campaña electoral de 2021 del gobernador, a cambio de protección institucional, control sobre la Policía Estatal y la colocación de funcionarios afines en puestos clave de seguridad y procuración de justicia. La imputación describe reuniones explícitas entre los acusados y los capos para garantizar que el cártel operara sin interferencias estatales.

La fuente consultada por El Universal en el Departamento de Justicia explicó con claridad el procedimiento: “Un narcotraficante que se entrega y ofrece información entra principalmente en la figura de testigo cooperante; si existe riesgo real de represalias, puede además ser admitido en el programa de protección de testigos (WITSEC). Ambas figuras son distintas y pueden aplicarse simultáneamente”.

La misma fuente detalló que estas gestiones solo pueden realizarlas abogados estadounidenses debidamente registrados y con licencia federal para ejercer ante instancias de justicia de Estados Unidos, lo que sugiere que el equipo legal de Inzunza habría contratado un despacho calificado en Washington.

Antecedentes y defensa del senador

Enrique Inzunza Cázarez, de carrera judicial de más de 25 años en Sinaloa —donde llegó a ser magistrado presidente del Poder Judicial estatal por casi 11 años—, ha rechazado categóricamente las acusaciones desde que se dieron a conocer a finales de abril. En un mensaje publicado en su cuenta de X, calificó las imputaciones como “calumnias”, “falsedades” y “dolosas”, y las vinculó a su reciente defensa en la tribuna del Senado de la soberanía nacional frente a supuestas actuaciones de la CIA en territorio mexicano.

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”, escribió. Añadió que, “de ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país”.

Hasta el cierre de esta nota, Inzunza no ha solicitado licencia al Senado y su paradero es desconocido desde que se filtraron las acusaciones estadounidenses. No ha comparecido públicamente ni ha emitido más declaraciones.

Implicaciones de un posible acuerdo de cooperación

Si las gestiones prosperan, Inzunza podría obtener beneficios significativos en una eventual extradición o proceso en EU: reducción de cargos, sentencia más leve o incluso protección bajo el programa WITSEC, que ha salvado la vida de decenas de testigos de alto perfil en casos de narcotráfico.

El movimiento ocurre apenas días después de que Rocha Moya pidiera licencia “temporal” para no “entorpecer” las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya solicitó más elementos a Estados Unidos. Fuentes cercanas al caso consultadas por este reportero indican que un testimonio de Inzunza contra su exjefe y otros funcionarios sinaloenses —incluidos el alcalde de Culiacán y mandos de seguridad— sería considerado de alto valor por las autoridades estadounidenses.

Este caso representa un precedente histórico: es la primera vez que un gobernador en funciones y un senador en activo son acusados simultáneamente por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa. La administración Sheinbaum ha exigido “pruebas irrefutables” antes de cualquier acción de extradición y ha iniciado pesquisas propias.

Los entresijos del narcotráfico, la corrupción política y las relaciones México-Estados Unidos, este viraje de Inzunza no sorprende en el contexto de la justicia estadounidense: muchos imputados de alto perfil optan por cooperar cuando las evidencias son abrumadoras y el riesgo de cadena perpetua es real.

Queda por ver si el senador decide “entregar información” y contra quién, y cómo responderá el sistema político mexicano a un posible “testigo protegido” que podría detonar una cascada de revelaciones en Sinaloa.