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VIDEOS: FGR reprocha a Fiscalía de Chihuahua por “arrogarse competencias federales” en desmantelamiento de narcolaboratorio, y abre nueva investigación contra agentes estatales

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Category: Nacionales
Publicado: 13 Mayo 2026
Escrito por Redacción

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La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva carpeta de investigación contra agentes y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua por presunta invasión de competencias federales en el desmantelamiento de un enorme narcolaboratorio en la sierra tarahumara. La dependencia federal acusa al Ministerio Público estatal de haber planeado, ejecutado y comunicado el operativo solo después de concluirlo, violando el diseño constitucional que reserva a la Federación los delitos de delincuencia organizada y producción de drogas sintéticas.

En un comunicado reciente, la FGR reprochó directamente que “la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, planeó y ejecutó el operativo” sin la participación previa de autoridades federales, lo que podría configurar delitos contra la salud y, en su caso, contra la seguridad nacional. La nueva línea de investigación se suma a las dos carpetas abiertas previamente: una por el propio narcolaboratorio y otra por la presunta intervención de agentes extranjeros.

El operativo y el hallazgo

Entre el 17 y 18 de abril de 2026, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, junto con presuntos agentes de la CIA, intervinieron un predio en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos. El sitio resultó ser uno de los laboratorios clandestinos más grandes detectados en el país: más de 55 mil litros de precursores químicos líquidos, 50 toneladas de precursores en estado sólido y cerca de 2 mil litros de metanfetamina ya procesada, además de reactores, centrifugadoras, contenedores y equipo industrial. No se reportaron detenidos en el lugar.

El caso tomó dimensión internacional tras un accidente automovilístico el 19 de abril, en el que murieron dos estadounidenses —presuntamente agentes de la CIA— y dos funcionarios mexicanos de la FGE Chihuahua. Esto generó una fuerte polémica sobre soberanía, colaboración bilateral y falta de transparencia.

Análisis de fondo: tensiones entre federación y estados en materia de seguridad

Este conflicto refleja una tensión estructural en el sistema de procuración de justicia mexicano. Según la Ley General de Salud y la Constitución, los delitos relacionados con narcotráfico, precursores químicos y delincuencia organizada son de competencia exclusiva federal.

Los estados pueden actuar en flagrancia o en apoyo, pero no liderar investigaciones complejas sin coordinación con la FGR, SEDENA o Guardia Nacional.

Expertos consultados en coberturas previas señalan que:

  • La FGE Chihuahua argumentó que actuó ante un hallazgo relevante y bajo presión de inteligencia, posiblemente compartida con autoridades estadounidenses. Sin embargo, la FGR destaca la ausencia de “cadena de custodia” adecuada y que el laboratorio fue resguardado inicialmente por estatales.
  • Este tipo de fricciones no es nuevo. Durante sexenios anteriores, operativos conjuntos con DEA o CIA generaron acusaciones similares de “invasión” o falta de soberanía, pero también han permitido golpes importantes contra cárteles.
  • En el contexto actual, el caso se politiza: la gobernadora panista Maru Campos y su fiscalía enfrentan presión de Morena, mientras que el episodio coincide con debates nacionales sobre juicios políticos y cooperación binacional en seguridad.

La FGR ha realizado peritajes químicos, valuaciones y comparecencias de decenas de agentes chihuahuenses. Hasta ahora, el sitio permanece bajo resguardo federal y se avanza en la destrucción controlada de sustancias.

No hay detenidos por el laboratorio mismo, pero la investigación contra los funcionarios estatales podría derivar en acusaciones formales por abuso de autoridad o violación de competencias.

Este episodio pone de relieve los retos de la coordinación interinstitucional en un país con fuerte presencia del crimen organizado: por un lado, la necesidad de respuestas rápidas en territorios complejos como la Sierra Tarahumara; por el otro, el riesgo de fracturar el pacto federal y comprometer la soberanía nacional ante actores extranjeros.

La FGR mantiene que continuará las indagatorias “en estricto apego a la ley”, mientras Chihuahua defiende la efectividad del golpe al narcotráfico.

El desenlace judicial definirá si se trató de un exceso de celo local o de una brecha que expone fallas en la estrategia de seguridad federal.