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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos, fue formalmente vinculado a proceso por un juez federal. Al funcionario se le acusa del delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, en el marco de las investigaciones de la estrategia federal denominada "Operación Enjambre".

Jesús “N” fue capturado el pasado sábado 30 de mayo en el puerto de Acapulco, Guerrero, mediante un despliegue coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El edil morelense se encontraba prófugo de la justicia tras revelarse los mandamientos judiciales en su contra.

Durante la audiencia, la autoridad judicial correspondiente ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del mandatario local, debido a la gravedad de las imputaciones.

Asimismo, el juzgador determinó fijar un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Por motivos de seguridad y de perfil institucional, Jesús “N” fue trasladado y permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11 “CPS Sonora”, complejo penitenciario de máxima seguridad donde también se encuentran otros servidores públicos implicados en el mismo expediente penal.

Las indagatorias de la FGR ligan de manera directa al alcalde de Cuautla con una red de protección institucional en favor de células delictivas con presencia en la región oriente del estado de Morelos. De acuerdo con el cuerpo de la investigación, las autoridades integraron como evidencia material audiovisual y testimonios que apuntan a presuntos pactos de inmunidad operativa.

Con la vinculación a proceso del edil, la "Operación Enjambre" continúa desarticulando redes de infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales del país. Hasta el momento, este operativo conjunto de las fuerzas federales acumula más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en distintas entidades del territorio nacional, entre los que figuran al menos siete alcaldes en funciones, bajo una política federal permanente de cero impunidad.