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Fuente: Noticias MVS

El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1.2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), revelan documentos internos de esta entidad a los que tuvo acceso el diario español El País.

La BPA fue una intervenida en 2015 por las autoridades andorranas. Sus principales directivos fueron procesados por corrupción después de que el gobierno de Estados Unidos alertara de que “cárteles” de la droga de México y Colombia y compañías como Odebrecht, utilizaban la institución financiera para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos de Europa y América.

El ingreso a nombre de Arroyo Vieyra procedió del despacho de abogados mexicano que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide, según la documentación interna de la BPA. El embajador y el abogado atribuyen el dinero a un trabajo jurídico que desarrollaron juntos. La cuenta se abrió entre 2011 y 2012 y permaneció operativa a nombre del político perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante, al menos, tres años.

Arroyo Vieyra aseguró a El País que, tras cerrar el depósito, regularizó su situación y declaró sus ingresos a la Hacienda mexicana. “Fue un pago de honorarios de mi despacho. Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”.

Actas internas y confidenciales del Departamento de Cumplimiento de la BPA detallan la operación bajo un epígrafe titulado Solicitud de apertura de Cuentas de PEPs, personas políticamente expuestas, que es el término utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos públicos.

El documento, citado por el diario español, explica que Pedro Raymundo Salinas Arrambide, socio administrador de Salinas Arrambide y Asociados, “tiene pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3,000,000 USD". Este dinero, según él, "podría justificarlo y documentarlo sin ningún problema”.

Y añade: “Pretende cobrarlo mediante dos transferencias a dos cuentas que nos aperturaría, una a su nombre por un importe de 1,800,000 USD y otra a nombre de Francisco Agustín Arroyo Vieyra por 1,200,000 USD. Según el Sr. Salinas, el sr Arroyo es un asociado del bufete, si bien no consta en el Acta constitutiva. El problema es que el Sr Salinas (se equivoca el redactor de nombre) es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, si bien nos manifiesta que al margen de su actividad política tiene otras actividades empresariales, 2 hoteles en Guanajuato y asociado al bufete mencionado”.

Pese a las reservas que el Departamento de Cumplimiento de la BPA tuvo a la operación por el perfil político de Arroyo las dos cuentas se abrieron con las cantidades citadas, dice El País.

El reporte menciona que una primera conversación telefónica con el periódico español, el diplomático afirmó que era socio del despacho de Salinas, algo que este niega. En un segundo contacto, sin embargo, el embajador puntualizó que ambos han “trabajado como asociados y litigado juntos” en distintos casos.

“Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”, dijo el diplomático. “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de que se trata por secreto profesional... Representamos a empresas con litigios fuertes y hemos llegado a buenos resultados”, dijo.

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