El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), logró que el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense (TRIJAEM) emitiera nueve sentencias y sancionara a 33 exservidores públicos estatales y municipales de los ejercicios 2017 y 2018 por abuso de funciones y desvío de recursos, principalmente.

Las sentencias --ya firmes y en las que no hay posibilidad de interponer amparos-- fueron para ex alcaldes, tesoreros, síndicos, directores de obras, secretarios, contralores internos, presidentas de DIF municipales, ex rectoras, entre otros, con inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por arriba de los 5 millones de pesos de los municipios de Acolman, Tonanitla, Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan, Hueypoxtla, el DIF Tequixquiac, el IMCUFIDE Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.

Al concluir el análisis del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales 2020 del OSFEM, por parte de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, y su equipo de trabajo recordaron que actualmente hay 643 expedientes en la Unidad de Investigación y 113 tienen un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).

"SALARIO ROSA" EL PROGRAMA MÁS CUESTIONADO DEL GOBIERNO ESTATAL

Durante la reunión, la diputada Azucena Cisneros Coss, así como los diputados Daniel Andrés Sibaja González y Mario Ariel Juárez Rodríguez señalaron que las 80 recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) al programa Salario Rosa, particularmente por la falta de información de padrones de beneficiarios y evidencia de la entrega de los recursos públicos, lo ubican como uno de los programas con más observaciones de la administración estatal.

CUESTIONAN TAMBIÉN EL PROGRAMA "BECAS FAMILIAS FUERTES POR LA EDUCACIÓN"

La y los diputados señalaron que en la vertiente de ´Becas Familias Fuertes por la Educación´ en el 2020 se integraron de manera incorrecta 40% de los expedientes.

También expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo porque para este año, el Congreso local autorizó 4 mil millones de pesos más al programa, además de que el diputado Ariel Juárez lamentó que la Secretaría de Desarrollo Social solicitó clasificar como reservada por cinco años la información de la población beneficiada.

Al respecto, el legislador Max Agustín Correa Hernández cuestionó si los hallazgos de las auditorías realizadas al Salario Rosa correspondían con lo expresado en los informes trimestrales por el Ejecutivo, en tanto que el diputado Iván de Jesús Esquer Cruz expresó que el programa, al ser uno de los más importantes del gobierno estatal, debe ser observado y subrayó que hasta el momento no se han encontrado presuntas responsabilidades administrativas, por lo que llamó a esperar las conclusiones de las observaciones.