Para brindar protección en casos de emergencia, comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron la creación de un directorio voluntario de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, el cual incluirá datos de contactos designados, casas editoriales, organizaciones, colectivos o medios de comunicación.

El dictamen a las iniciativas que reforman la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos estatal, presentadas por el Grupo Parlamentario de MC —coordinado por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández— y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, puntualiza que el registro lo administrará el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. 

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos Humanos, presididas por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), dispusieron también que el listado no represente ningún tipo de colegiación obligatoria o condición para la incorporación al mecanismo, y solo funcione como instrumento complementario, voluntario y preventivo para agilizar la comunicación en caso de emergencia.  

Adicionalmente, determinaron que los datos se traten de conformidad con la legislación en materia de protección datos personales aplicable.

El decreto correspondiente, al que dio lectura la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), dispone que las acciones del mecanismo se rijan bajo el principio de garantía del ejercicio periodístico, entendido como el conjunto de condiciones jurídicas, institucionales y materiales que aseguran el ejercicio libre, independiente, seguro y sin injerencias en el periodismo, en beneficio del derecho de la sociedad a la información.

En este sentido, el Estado implementará las mejores prácticas y protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención de este grupo, incluyendo a quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afro mexicanas, de la diversidad sexual, migrantes o cualquier grupo vulnerable, que le sea proporcionado por la Coordinación Ejecutiva del mecanismo.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad, así como las autoridades municipales, publicarán y actualizarán periódicamente un protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con estas personas.

En la deliberación del decreto, la legisladora Paola Jiménez Hernández (morena) resaltó que se refrenda el mandato al Estado para destinar recursos al mecanismo referido, los cuales se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección.

Al destacar que la reforma se nutrió de consultas al gremio de comunicadores impulsadas por distintas personas en diversos momentos, el parlamentario Octavio Martínez Vargas (morena) apuntó que se robustece la labor periodística. Añadió que la actividad que es valorada, y se pronunció porque ninguna persona de este sector sea censurada o lastimada en su integridad.

Para el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena)el Congreso hace historia con esta aprobación, y señaló que la reforma se alinea con la legislación federal en la materia y abona a la construcción de un Estado de bienestar.

La congresista Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) expuso que legislar para proteger a este sector es asegura el derecho de la sociedad a ser informada, y que, con esta modificación, que pone en el centro a las personas comunicadoras y defensoras de los derechos humanos, se transita de un enfoque tradicional y reactivo de su defensa a uno integral. 

Por la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes resaltó que esta reforma es un esfuerzo para saldar la deuda histórica con este sector, que requiere la protección del Estado para realizar su labor, y destacó que los protocolos de atención avalados derivan de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal, por la actuación de la policía local contra reporteros y reporteras en la marcha por el 2 de octubre de 2025. 

Cabe señalar que, con la reforma, se amplía la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos con apoyo para gastos funerarios, capacitación y formación profesional (orientados a la seguridad, autoprotección y desarrollo profesional), y acceso a programas sociales y servicios de salud.

Igualmente, se fortalece operativamente al Consejo Consultivo del mecanismo con la reducción de sus integrantes (de 13 a nueve). Lo anterior responde a que, por el tamaño y la obligación de contar con una persona suplente por cada integrante, su funcionamiento es limitado. 

Aparte, se establecen criterios transparentes y públicos para su nombramiento, y la incorporación de una participación regional equilibrada, que garantice la representación de las distintas regiones y zonas estatales, asegurando que las decisiones se nutran de la experiencia de periodistas y personas defensoras, así como que, en su integración, se atienda la paridad de género.

Se refrenda, por último, que el fondo de recursos a cargo del estado para la operación del mecanismo, se destine exclusivamente a la implementación y operación de las medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección.