La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra Vanessa “N” y Óscar “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado de un hijo menor de edad.

El mandamiento se ejecutó dentro del penal porque ambos ya estaban detenidos por hechos distintos, cometidos contra otro de sus hijos.

El caso que ahora se formaliza es el del niño hallado sin vida. El 24 de septiembre, policías municipales acudieron a un domicilio de la localidad de Tlaltenango Abajo, Temoaya, tras un reporte, y localizaron el cuerpo de un menor de sexo masculino, sin signos vitales.

Los peritajes de la Fiscalía fijaron la causa de muerte en una hemorragia aguda secundaria a la ruptura de várices gástricas, atribuida a ayunos prolongados y a un alto grado de desnutrición.

La indagatoria sostiene que los padres lo habrían sometido a esa privación de alimento, con la aparente intención de privarlo de la vida, y que el menor además presentaba lesiones físicas en diversas partes del cuerpo. Con esos datos, el Ministerio Público los señaló como probables responsables y un juez libró la orden.

No se trata de un solo menor ni de una sola carpeta. Dos días después, el 26 de septiembre, en el mismo poblado, la pareja fue señalada por agresiones contra otro hijo.

Según la Fiscalía, Vanessa “N” lo habría golpeado, agredido psicológicamente y privado de alimentos; en la revisión se documentó una cicatriz de quemadura de segundo grado con la marca de una plancha. Entre el 26 y el 27 de septiembre, Óscar “N” habría cometido tocamientos de índole sexual contra ese mismo niño.

Por esos hechos, la Fiscalía cumplimentó el 4 de octubre órdenes de aprehensión por violencia familiar contra ella y por abuso sexual contra él, y los ingresó al Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez.

Si resultan condenados por esa carpeta, las penas previstas son de tres a siete años por violencia familiar y de ocho a quince por abuso sexual. Por el homicidio calificado, de ser declarados culpables, la pena va de 25 a 70 años de prisión.

La Fiscalía subraya que se les debe considerar inocentes hasta que un juez dicte sentencia. La orden de homicidio no implica una nueva detención en calle: se notificó y ejecutó ya en reclusión, porque los dos seguían internos por la investigación del otro hijo.