La diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) presentó una iniciativa para que las instituciones de seguridad pública del Estado de México implementen y operen un Sistema de Alerta Antiextorsión, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata a solicitudes de auxilio ante posibles casos de extorsión o situaciones de riesgo relacionadas con este delito.

La propuesta de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México fue presentada en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense y también está suscrita por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada del PAN.

De acuerdo con la iniciativa, el sistema podrá operar mediante dispositivos físicos instalados en unidades económicas, botones de emergencia, aplicaciones, plataformas digitales, dispositivos móviles u otros medios tecnológicos que permitan emitir alertas de manera rápida y discreta. El acceso será gratuito y tendrá como finalidad solicitar auxilio y activar mecanismos institucionales de atención y reacción, sin sustituir los procedimientos de denuncia e investigación.

Cuando la información recibida permita identificar hechos probablemente constitutivos de delito, las autoridades deberán proceder conforme a las obligaciones legales aplicables. Los municipios deberán implementar y operar progresivamente el sistema en coordinación con la Secretaría, procurando su vinculación e interoperabilidad con las instituciones de seguridad pública y los centros de control, comando, comunicación y cómputo municipales.

La legisladora destacó que la extorsión es uno de los delitos que más afecta la tranquilidad y seguridad de las y los mexiquenses, ya que no solo busca arrebatar dinero, sino también sembrar miedo en las familias y amenazar el patrimonio.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México ocupa el segundo lugar nacional en víctimas de extorsión registradas en lo que va de 2026, con mil 268 casos. Entre 2020 y 2025 se registraron 20 mil 49 carpetas de investigación por este delito. Además, la Secretaría de Seguridad estatal informó que en 2025 brindó 39 mil 67 atenciones relacionadas con extorsión y fraude telefónico, de las cuales 18 mil 60 corresponden a extorsión telefónica, 570 a extorsión electrónica, 468 a extorsión por cobro de derecho de piso y 145 a extorsión directa.

La iniciativa establece que la Secretaría de Seguridad será responsable de diseñar, implementar, coordinar y operar el sistema, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico promoverá su conocimiento y uso entre las unidades económicas, e impulsará la participación del sector privado. El Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión dará seguimiento a su implementación, interoperabilidad y evaluación, y podrá formular recomendaciones.

En la primera etapa de implementación se priorizarán las zonas, corredores, unidades económicas y actividades con mayor exposición al delito, según la incidencia delictiva y el análisis de riesgo, sin perjuicio de la atención progresiva al resto del territorio estatal.