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VIDEO: ¿Meta en Riesgo de Quiebra? Cuatro Estados de EE.UU. Exigen 1.4 Billones de Dólares por “Adicción” a Facebook e Instagram

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Meta Platforms, la compañía dueña de Facebook e Instagram, enfrenta una de las demandas más agresivas en la historia de la tecnología: cuatro estados estadounidenses exigen 1.4 billones de dólares en multas por presuntamente crear plataformas diseñadas para generar adicción en niños y adolescentes, mientras engañaban al público sobre su seguridad.

La suma revelada en documentos judiciales presentados antes del juicio que inicia en agosto en Oakland, California, es casi idéntica al valor bursátil actual de Meta, estimado en alrededor de 1.5 billones de dólares. Los estados involucrados son California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.

Las acusaciones principales

Según las autoridades estatales, Meta violó leyes de protección al consumidor al implementar funciones que fomentan el uso compulsivo entre los más jóvenes, contribuyendo a problemas de salud mental como ansiedad, depresión y autolesiones. Las demandas también alegan que la empresa minimizó o escondió los riesgos conocidos de sus plataformas.

Los cálculos de las multas se basan en multiplicar las infracciones estimadas por las sanciones previstas en las leyes de cada estado, considerando el número de usuarios jóvenes afectados.

La respuesta de Meta

La compañía rechazó enérgicamente las acusaciones y calificó la cifra como “sin precedentes” y no respaldada por evidencia. Meta argumenta que la “adicción a las redes sociales” no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido médicamente y que las plataformas cumplen con las regulaciones.

Este caso forma parte de una ola mucho más amplia: Meta enfrenta miles de demandas similares en todo el país relacionadas con el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.

El juicio de agosto podría marcar un antes y un después en la regulación de las grandes tecnológicas y su responsabilidad sobre el diseño de productos que captan la atención de menores. ¿Se trata de una defensa legítima de la infancia o de un ataque regulatorio desproporcionado? Los próximos meses serán decisivos.