Fuente: Newsweek en Español

Manifestantes en la Ciudad de México exigieron que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso mexicano por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados.

“Queremos paz, queremos paz, contra la guerra e impunidad queremos paz” y “esta Ley no da seguridad, lo único que quiere es permiso para matar” fueron algunas de las consignas de los ciudadanos que protestaron de Chapultepec a Los Pinos.

De acuerdo con el portal Animal Político, el recorrido de la marcha inició en la Estela de Luz, cerca de las 12:45 horas y durante su trayecto sobre Reforma, en Chivatito, policías frenaron su recorrido

“La protesta se ha detenido por cerco policial. Esta es la respuesta de un gobierno que hace oídos sordos a sus representados, a expertas/os y organismos internacionales de derechos humanos”, escribió a través de su cuenta de Twitter la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

La polémica Ley de Seguridad Interior, aprobada por diputados y senadores, en su mayoría priistas y panistas, ha sido criticada por organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana que incluso llamaron al Congreso mexicano a no aprobarla subrayando que la estrategia militar no ha sido exitosa.

El sábado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que estudia una acción de inconstitucionalidad contra la polémica ley se seguridad nacional aprobada por el Congreso y llamó al presidente Enrique Peña Nieto a modificar el documento.

La ley busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

El operativo se ha acompañado de una ola de violencia que deja más de 196,000 personas muertes violentas, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

Esta ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas no podrá exceder un año, pero que puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

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