Fuente: Ordenador Político

Durante el periodo de inscripciones e inicio del ciclo escolar 2018-2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) recibió 23 asuntos relacionados con el cobro de cuotas escolares que condicionaron el ingreso de alumnos; en diez casos se hicieron gestiones y canalizaron a otras instancias para su pronta atención y en 13 se iniciaron quejas por la presunta afectación al derecho a la educación, informó la titular de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, Jessica Terán Aguilar.

El derecho a la educación es fundamental para el desarrollo de las personas dijo, ya que a través de él se puede tener acceso a otros, por ello está garantizado en instrumentos internacionales y en la Constitución federal en su artículo tercero que señala que todos deben tener educación laica, gratuita, obligatoria, de calidad y de respeto a los derechos humanos; además, las autoridades están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar esa prerrogativa.

Recordó que la educación debe ser asequible, es decir, gratuita; accesible para todos, sin discriminación; aceptable, para que sea de calidad; y adaptable, para que evolucione de acuerdo con la dinámica social.

Explicó que las violaciones a ese derecho pueden ser a través de acciones u omisiones de servidores públicos, por ejemplo cuando las autoridades educativas obligan a los padres o madres de familia a pagar una contraprestación a cambio del servicio educativo o solicitan cuotas voluntarias que se vuelven forzosas para inscribir a los alumnos, para presentar exámenes y entregar documentos oficiales o se exhiben los nombres de quienes no han hecho las aportaciones.

Ese derecho también es afectado cuando las o los maestros no acuden a impartir clases de manera sistemática, acuden pero no enseñan, no es de calidad la educación, cuando existe un trato preferente hacia algunos alumnos o distinción en las aulas, y al no ponderar el principio superior del menor, indicó.

Terán Aguilar enfatizó que el profesorado debe dar un trato igualitario a las y los alumnos y se deben crear políticas públicas que atiendan necesidades estudiantiles, así como concientizar a educandos, docentes y padres de familia para generar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos.

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