Fuente: mvt.com

Después de darse a conocer un comunicado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto a los últimos acontecimientos que involucran a las comunidades de San Juan Coapanoaya y San Jerónimo Acazulco en el municipio de Ocoyoacac, el abogado Santiago Pérez Alvarado, expresó que las declaraciones del comunicado eran falsas.
Este martes negó que sean estas comunidades las que inciten a la violencia en el tramo de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, que cruza por un predio de dichas comunidades, donde en estos momentos se encuentra parada la construcción. Por otra parte, Perez Alvarado sin dar nombres o tener más pruebas que dichos, aseguró que el pasado 9 de octubre fue la SCT quien contrató a un grupo de golpeadores vestidos de trabajadores de la obra para alebrestar a los comuneros que ahí se encontraban deteniendo los trabajos de construcción, mismos que se encontraban en el lugar por un amparo que los respalda.

‪Este martes la SCT envío un comunicado donde expresa que esta institución pagó la transmisión de derechos de posesión de los terrenos, a la comunidad San Jerónimo Acazulco, desde el pasado octubre de 2015.
Esta polémica ha sido causante de una serie de agresiones y calumnias entre ambos bandos a lo que el abogado recalcó que los informes presentados en los comunicados de la SCT en el que se le acusa al abogado de orquestar una serie de actos en contra de los trabajadores y de la maquinaria pesada con la que se llevan los trabajados, también son falsos.
Al respecto el abogado aseguró que fue buscado por el personal de la SCT con una propuesta de mesa de negociaciones, en la que les permitieran continuar con la obra, sin embargo, dicha reunión será condicionada para dejar fuera a los comuneros de Acazulco, por lo que señaló que lo haría siempre y cuando estén presentes las dos comunidades que representa, que haya un pago justo por sus tierras ocupadas de más y que se lleve a cabo un plan integral sustentable.
Sumado a que dicha mesa de negociación tendría que ser llevada en la Cámara de Diputados Federal y con la presencia del padre
 Alejandro Solalinde, con el objetivo que la solución del conflicto sea justa y verdadera, para que ambas partes reciban lo que necesitan.

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