Fuente: El Sol de Toluca

Un total de 131 mil 438 mexicanos se encuentran en juicio de deportación en Estados Unidos, hasta finales de mayo pasado, y deberán esperar un promedio de 922 días antes de que su caso sea decidido por un juez.

Según cifras del gobierno federal obtenidas por el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, la mayoría de los casos de estos mexicanos están radicados en cortes de los estados de California, Texas e Illinois.

Los casos de mexicanos representan la mayoría de los 598 mil 943 casos de migración que se encuentran actualmente en espera de una decisión de parte de un tribunal migratorio en Estados Unidos, aunque seguidos de cerca por ciudadanos de El Salvador (130 mil 537)

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Un total de 131 mil 438 mexicanos se encuentran en juicio de deportación en Estados Unidos, hasta finales de mayo pasado, y deberán esperar un promedio de 922 días antes de que su caso sea decidido por un juez.

Según cifras del gobierno federal obtenidas por el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, muchos de los casos de estos mexicanos están radicados en Cortes de los estados de California, Texas e Illinois.

Los expedientes de mexicanos representan el mayor porcentaje de los 598 mil 943 casos de migrantes que se encuentran actualmente en espera de una decisión de parte de un tribunal migratorio en Estados Unidos.

Al caso de mexicanos siguen los ciudadanos de El Salvador, quienes suman 130 mil 537 juicios.

Tras casos de mexicanos y salvadoreños, las Cortes de migración en Estados Unidos acumulan 98 mil 563 casos de ciudadanos de Guatemala; 84 mil 954 de Honduras y 22 mil 779 de China.

NOTABLE AUMENTO
Los 598 mil 943 expedientes que desahogaban hasta el 31 de mayo las Cortes de migración en Estados Unidos representan un notable aumento de 100 mil casos respecto de mayo de 2016, cuando se acumulaban 492 mil 978. La espera promedio general de la resolución de los casos es de 670 días, pero puede extenderse a 922 días.

Sin embargo, TRAC no proporciona datos por nacionalidades respecto del número de casos de deportación que las Cortes de migración desahogaban en 2016.

Asimismo, en su análisis TRAC indicó que la mayoría de los nuevos casos presentados en las Cortes de inmigración involucran a individuos acusados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cometer una violación a las leyes migratorias en vez de estar involucrados en actividad criminal.

Solo 1.7% de los nuevos ingresados a partir del año fiscal 2017, que comenzó en octubre pasado, involucró cargos por un delito agravado, mientras que 4.1% fue acusado de participar en actividades delictivas menos graves que los hicieron susceptibles de ser deportados.

Organismos civiles han denunciado el alarmante aumento el número de muertes en detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Desde 2003, un total de 174 migrantes han muerto en detención, lo que revela la incapacidad de ICE de garantizar la seguridad y salud de las personas bajo su custodia, de acuerdo con los organismos. Este año han muerto diez personas en esos centros.

MEJOR ENVIAR REMESAS QUE VIAJAR
El temor a la deportación ha ocasionado que el año pasado los mexicanos que viven en Estados Unidos viajaran menos al país y prefirieran enviar dinero a sus familias.

“Los viajes de mexicanos que viven en Estados Unidos hacia México disminuyeron ante la incertidumbre de si iban a poder regresar (debido a las amenazas del presidente Donald Trump). El gasto que destinaban a viajar a México lo enviaron en forma de remesas”, informó el coordinador del programa Fondo de Financiación para remesas del FIDA, Pedro de Vasconcelos.

Eso explicaría el incremento en el monto de las remesas, pues según datos del Banco de México, en 2015 sumaron 24 mil 771 millones de dólares, lo que significaría que en un año hubo un incremento de aproximadamente el 15.2%.

“REDADAS SILENCIOSAS”
Ante este clima antiinmigrante, casi un millón de indocumentados con orden de deportación en Estados Unidos viven con miedo a ser expulsados tras una cita de rutina en las oficinas ICE en una de las denominadas “redadas silenciosas”.

Según Virginia Kice, vocera del Servicio de Inmigración y Aduanas en el sur de California, el pasado 29 de mayo había en todo el país 968 mil 238 extranjeros no detenidos con orden final de deportación.

Sin embargo, según un informe de la Oficina del Inspector General de abril pasado, esa cifra es todavía mayor y en agosto de 2016 ICE supervisaba a 2.2 millones de inmigrantes que no estaban detenidos.

Mark Silverman, miembro del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC), advierte de que los indocumentados con una orden de deportación final y que solicitaron detener el proceso pueden ser repatriados “inmediatamente”, pues tienen “muy pocas probabilidades” de detener un procedimiento a “discreción de los agentes del ICE”.

La anterior administración colocó a muchos de estos inmigrantes al final de la lista de expulsiones del país, pero el cambio en la política migratoria del gobierno de Donald Trump ha puesto a estas personas nuevamente en la mira.

La mayoría de estos migrantes viven desde hace décadas en el país, tienen hijos nacidos en EU y no tienen antecedentes criminales.

Es el caso Verónica Vela, de 43 años y oriunda de Zacatecas, México, desde llegó hace 28 años al país y tiene tres hijos estadounidenses.

“Estaba embarazada cuando me arrestaron para deportarme, pero me permitieron quedarme por mi estado, y para que no dejara a mis hijos desamparados”, explica Vela.

Desde hace ocho años la mexicana se presenta puntualmente ante ICE y esta obligación podría llevarla a ser deportada como otras madres en su misma situación.

La expulsión de Maribel Trujillo, una madre de cuatro niños que residía en Ohio, y Guadalupe García, madre de tres hijos que vivía en Arizona, fueron dos de los casos más visibles del peligro que enfrentan miles de inmigrantes que están bajo supervisión del ICE.

“Imagínese si a ellas las sacaron con tanto apoyo, qué puedo esperar yo. Lo único que me da miedo es con quién van a quedar mis hijos, yo fui víctima de violencia doméstica y soy la única que responde por ellos”, indica.

El miedo entre aquellos que solicitaron una prórroga a la deportación es latente y cada día está aumentando, advierte el abogado de inmigración Fernando Romo.

Por ello, muchos inmigrantes han pensado en no cumplir esas citas rutinarias y quedarse como fugitivos.

“No puedo dejar que me saquen del país, tengo una familia que depende de mi trabajo y sin mí no la van a hacer”, explica José M, un mexicano que no pretende asistir a la cita que tiene programada para el próximo mes con ICE.

PADRES INDOCUMENTADOS, EN EL LIMBO
Al término de esta semana, el gobierno estadounidense firmó un memorando que revoca el plan del expresidente Barack Obama para frenar la deportación de algunos inmigrantes indocumentados que son padres de niños residentes permanentes legales.

Obama esperaba incluir en su legado presidencial una reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos y resolver la situación de unos 11 millones de personas que viven ilegalmente en el país. Sin embargo, Trump está actuando para cumplir su promesa de tomar dudas medidas contra los inmigrantes indocumentados.

El plan presentado por Obama pretendía permitir que cerca de cuatro millones de personas -quienes han vivido ilegalmente en Estados Unidos al menos desde el 2010, no tienen antecedentes criminales y tienen hijos que son ciudadanos o residentes permanentes legales del país- ingresaran a un programa que los protegiera de la deportación y les brindara permisos de trabajo.

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