El Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una denuncia penal formal en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos. La querella se fundamenta en los efectos de su política de seguridad, conocida popularmente como "Abrazos, no balazos", a la cual la oposición atribuye una crisis de violencia histórica en el país.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció la medida argumentando que la estrategia del anterior gobierno federal sumió a México en altos índices de criminalidad, dejando las instituciones de procuración de justicia locales en una situación que calificó de "capturada" tras las elecciones del Poder Judicial.

“Estamos exigiendo una investigación internacional porque México merece conocer toda la verdad y porque nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe estar por encima de la justicia”, sentenció Romero.

La denuncia acusa penalmente a López Obrador por omisiones que habrían facilitado la operación de grupos criminales organizados. De acuerdo con el equipo jurídico del partido, encabezado para esta causa por el abogado Roberto Gil Zuarth, el balance final del sexenio del tabasqueño cerró con una cifra superior a los 200 mil homicidios dolosos, un indicador que, según la argumentación presentada ante la corte internacional, representa un fortalecimiento estructural de los cárteles del narcotráfico.

El PAN justificó acudir a tribunales internacionales bajo la premisa de que las instituciones de justicia dentro de la República Mexicana ya no generan condiciones de confianza ni autonomía frente al partido en el poder (Morena).

La acusación internacional ocurre en una semana en la que el nombre de López Obrador volvió a la escena pública tras la difusión en redes sociales de una fotografía reciente al lado de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien se encuentra impulsando una diputación federal. El proceso en la Corte Penal Internacional iniciará con la revisión de admisibilidad por parte de la fiscalía del tribunal para determinar si las conductas señaladas entran en su jurisdicción.

Foto ilustrativa creada con IA gemini