Fuente: El País

La Corte Suprema de Justicia allanó el camino para que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pueda ser despojado de su inmunidad y en consecuencia pueda ser investigado por delitos relacionados con el financiamiento irregular de la campaña política que lo llevó al poder.

El proceso, no obstante, tiene todavía un largo camino por recorrer. Conocido el dictamen del Supremo, el expediente debe ser enviado al Congreso (Legislativo, unicameral) donde para alcanzar el desafuero, los legisladores deberán votar por mayoría calificada (105 de los 158 escaños) si despojan o no al mandatario de ese privilegio.

El procedimiento está debidamente normado en la legislación ordinaria: una vez recibido el expediente, este deberá conocerse en la primera sesión ordinaria del Legislativo, que deberá celebrarse “no más de ocho días después de su recepción”. En esa misma sesión se integrará, por sorteo, una comisión pesquisidora de cinco miembros. Se escuchará entonces a las partes “para establecer la veracidad de la denuncia” y, en su caso, poner al mandatario en manos de un juez del ramo penal.

La futura decisión del Congreso, no obstante, inspira poca confianza en la ciudadanía, dado que es el organismo del Estado más cuestionado por la población. Gustavo García Siang, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente), lo resume así: “El Legislativo tiene un grado de confiabilidad sumamente bajo en la percepción de la ciudadanía. A esto hay que agregar que muy lejos quedaron los tiempos en los que los legisladores respondían al bien común y a los intereses de la nación. Hoy todos sabemos cuáles son las motivaciones de muchos de los diputados, que distan demasiado de lo que un ciudadano esperaría. Esto hace que el panorama se presente un tanto incierto”.

El experto, no obstante, recuerda que en el escenario más negativo, proteger al gobernante, también existen acciones legales para revertir una resolución que atente contra el ordenamiento jurídico interno y los intereses del país. “La falta de consensos en una decisión tan importante se puede analizar como un incumplimiento de deberes, como una forma de obstruir la justicia por parte de los legisladores”, puntualiza el experto.

El extremo sería también negativo para la ya maltrecha imagen del país en el extranjero, tras la decisión Jimmy Morales de declarar non grato al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velázquez, y ordenar su expulsión inmediata del país. Una reacción más bien hepática del mandatario, cuyo hermano y uno de sus hijos están ante los tribunales por fraudes a Hacienda, tras una denuncia de la CICIG. La decisión de morales fue anulada por el Constitucional, dado que ni siquiera se llenaron las fórmulas legales necesarias.

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