Fuente: Newsweek en Español

La Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) y cinco organizaciones más dedicadas a la defensa de derechos humanos, firmaron y enviaron una petición al Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos para que la administración de Donald Trump cancele los apoyos de asistencia al Ejército Mexicano debido a la "falta de progresos" del gobierno mexicano en materia de derechos humanos.

Las organizaciones denunciaron que México no ha cumplido los requisitos de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales, por lo que Estados Unidos no debe entregarle estos fondos.

“Una vez más el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, ni para investigar y castigar los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA.

“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”, se lee en un comunicado de prensa emitido por WOLA.

El Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos, a más tardar el 30 de septiembre, si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Por ejemplo, dijo la organización, recientemente un juez resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos”, dice la organización.

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