Fuente: Aristegui Noticias

En 2017, 312 activistas en 27 países fueron asesinados por su trabajo, revela el informe anual de Front Line Defenders.

El documento detalla los ataques físicos, las amenazas, el acoso judicial y las campañas de desprestigio utilizadas por actores del Estado, no estatales y corporativos para obstaculizar el trabajo pacífico de defensores de los derechos humanos en todo el mundo.

“Más de dos tercios, el 67% del número total de activistas asesinados, defendían derechos sobre la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas”, indica.

Solo el 12% de todos los casos de asesinato dieron como resultado el arresto de sospechosos.

Por ello, señala que la impunidad ante actos de violencia y la insuficiencia crónica de protección para activistas en riesgo continúa generando el clima de frecuentes asesinatos.

Precisó que el 84% de las y los defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte personal antes de ser asesinados.

“En todo el mundo, los y las defensoras continúan diciéndonos que la policía y los funcionarios del gobierno se niegan a responder a las solicitudes de protección tras las amenazas de muerte“, dijo el Director Ejecutivo, Andrew Anderson, en el lanzamiento del informe en Dublín.

Además de la alta tasa de asesinatos en 2017, la criminalización siguió siendo la estrategia más comúnmente utilizada para obstaculizar el crucial trabajo de los defensores.

Y es que en 2017, miles de activistas fueron detenidos bajo acusaciones falsas, sometidos a procesos legales prolongados, costosos e injustos o condenados a largas penas de prisión.

Por ejemplo, en 2016, seis personas defensoras en Sudán fueron detenidas y enjuiciadas por “conspiración para realizar actividades de espionaje e inteligencia a favor de embajadas extranjeras” y “llevar a cabo una guerra contra el estado”. Tres de ellas estuvieron detenidas durante casi un año; dos fueron torturadas. Sin embargo, después de una extensa campaña de presión nacional e internacional, los seis recibieron un indulto presidencial en agosto de 2017.

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