Fuente: La Jornada

El problema de la desaparición forzada de personas está tomando dimensiones aterradoras en México, con el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos por todo el país, afirmó el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Jesús Peña.

Durante la inauguración del foro Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas, organizado por la ONU y el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Mario Arturo Álvarez Torrecilla, de la División Científica de la Policía Federal, reconoció que es un problema que está rebasando a todas las instituciones.

Si nos preguntan cuál es el número exacto de desaparecidos o personas no localizadas o que han perdido la vida, ninguna institución les va a dar la respuesta, porque es un tema que no se conoce, recalcó.

El perito legista insistió: Hay cifras que se han dado a conocer; sin embargo, hay otros números y casos que no se han hecho públicos por diferentes causas, es decir, es una cifra negra donde no tenemos algún resultado.

Gerardo Esquivel, coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez, explicó que de acuerdo con cifras oficiales, hasta el año pasado el registro es de 29 mil 917 desaparecidos, con un aumento importante en 2016, cuando se reportaron 3 mil 803 casos, más de 10 cada día.

Que aprueben ley, el reclamo

Un tema recurrente entre los ponentes fue la urgencia de aprobar la ley contra la desaparición forzada, que está en dictamen en el Senado. La legislación debe garantizar la búsqueda inmediata y efectiva, así como investigaciones imparciales y diligentes que permitan identificar a los perpetradores de la desaparición y muerte de las víctimas, y que sean debidamente sancionados, señaló el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, América Latina y Cuba, Juan Pedro Schaerer.

En su intervención, Jesús Peña destacó el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que habla de la existencia de 855 fosas clandestinas y que sólo en cuatro estados encontraron 35 mil restos humanos.

Expuso que la ONU ha formulado numerosas recomendaciones a México con la finalidad de resolver la crisis. Uno de los retos que enfrenta el país, dijo, es crear una institución de servicios forenses autónoma e independiente, esencial para la administración de la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas.

Peña expuso que se debe permitir la intervención de peritos independientes y dar valor probatorio a sus informes, así como establecer una reglamentación de cementerios, inhumaciones, exhumaciones, conservación y entrega de restos, con el propósito de frenar las irregularidades en la localización y atender debidamente a las víctimas.

Daniel Zapico, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, recalcó que los servicios periciales y forenses en el país se caracterizan por falta de controles de calidad, de profesionales preparados en diversas disciplinas, recursos insuficientes para el desarrollo de sus funciones y falta de respeto a los criterios científicos y técnicos. Además, sostuvo, quienes se desempeñan en esta tarea tienen miedo a represalias internas.

Indicó que se mantiene el uso de procedimientos inadecuados u obsoletos y hay falta de transparencia respecto de las víctimas o sus familias, ausencia de adaptación a nuevos métodos o conocimientos; no existe rendición de cuentas ni protocolos homologados científicamente certificados.

Semefos saturados

Albertina Ortega, directora de antropología forense en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, detalló la carencia de recursos materiales y humanos. Dijo que en el país existen sólo 38 peritos en antropología forense, de los cuales 20 están en Ciudad de México y el resto distribuido en los estados.

Comentó que el trabajo forense en México se reduce a una muestra de genética, que muchas veces puede tener errores, estar alterada o tergiversada, debido a la escasa profesionalización de quienes la realizan.

No se cuenta con capacidad técnica ni recursos materiales acordes a la realidad que se vive, con gran cantidad de cadáveres en los servicios médicos forenses y en fosas comunes. Puso de ejemplo que en Guerrero hay un cementerio municipal que tiene casi 27 fosas con 800 cadáveres.

Siana Bustos, del Equipo Mexicano de Antropología Forense, consideró indispensable que en la ley en la materia se estipule la participación de científicos en el diseño de las herramientas que se emplearán en la identificación humana y las entidades que se desempeñarán en estas tareas.

http://www.jornada.unam.mx/2017/04/22/politica/003n1pol