Fuente: Animal Político

Entre 2007 y 2016 se han localizado un total mil 75 fosas clandestinas con 2 mil 14 cuerpos, en 19 entidades de México, reveló un informe de la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).

El informe de la UIA y la CMDPDH incluye cifras proporcionadas de manera oficial por 12 entidades del país, autoridades federales, así como informes de instancias de los derechos humanos y diferentes notas periodísticas.

El nuevo reporte sobre fosas clandestinas, titulado “Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, revela que estados como Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas concentraron una de cada tres fosas clandestinas reportadas en el país.

Mientras que Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco son estados en los que se registró el menor número de fosas clandestinas, en los años investigados, con un caso por entidad.

En el periodo analizado, no se hallaron fosas clandestinas en los estados de: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.

Durante la presentación de los resultados del estudio, el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos, dijo que esto no significa “que no haya fosas clandestinas en esos estados, sino que –de existir‒ no fueron registradas por los medios de comunicación, o no tuvieron las menciones suficientes para integrarse en el conteo final”.

Y agregó: “Las fosas están ahí para ser descubiertas, no para ocultar. No son para guardar un secreto, sino para proclamar que la impunidad se ha enseñorado de nuestro país”.

La cifra de fosas clandestinas podría ser mayor, advierten

En las conclusiones del informe, los investigadores reconocen que las cifra de podría ser mayor, pues al sumar un número indeterminado de fosas clandestinas que aún no han sido reportadas por los medios, y del que sólo tienen conocimiento las comunidades aledañas, quizá temerosas de denunciar, “entonces éste podría seguir siendo inferior al real”.

Los resultados de la investigación muestran que existen entidades que mostraron un grado de violencia en particular alto en ciertos momentos, como ocurrió en Durango, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.

“Para estos y otros estados, se observan dos patrones de comportamiento: por un lado, la presencia constante de fosas en ciertos municipios y, además, con picos en determinados años; por el otro, la presencia de un alto número de fosas, cuerpos y/o restos exhumados en estados donde hubo violencia significativa en un año específico y la posible combinación de estas variables”.

Según el estudio, esto apunta a que la inhumación clandestina de personas en contextos de violencia “por posibles actores estatales y no estatales es una práctica que, a casi tres décadas de la llamada guerra sucia, vuelve a ser recurrente en nuestro país aunque con una nueva correlación de actores y contextos distintos”.

“Argumentamos que dicha práctica tiene hoy en día el objetivo de “eliminar” los cuerpos de personas previamente desaparecidas pero, al mismo tiempo y de forma paradójica, dejar visibles las huellas de la violencia ejercida sobre ellas. Lo anterior con dos objetivos de carácter pedagógico: (1) generar terror y, con ello, lograr control, y (2) hacer alarde de la impunidad con la que se puede actuar en México”, advierte el documento.

No son números, son historias

Más allá de los números fríos, detrás de cada dígito hay historias de familias, muchas de las cuales han tenido que buscar a sus hijos, hermanos y padres “con sus propias manos ante la incapacidad del estado”, dijo Denise González, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

En Durango se cuentan 321 historias de personas que acabaron asesinadas y enterradas en la clandestinidad, el mayor número para una entidad federativa.

Detrás quedó Guerrero, con 258 cuerpos hallados en tumbas colectivas e ilegales; y en tercer lugar se ubicó Tamaulipas con 173 cuerpos, todos ellos hallados en un municipio de que destapó el horror de las fosas clandestinas en 2011: San Fernando.

Fernández Dávalos dijo que analizar el problema de las fosas clandestinas es hablar de crímenes de lesa humanidad, pero también de ejecuciones extrajudiciales, en muchas ocasiones de tortura y puede indicar crímenes de guerra.

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