Fuente: El País (México)

México está por entrar en un proceso electoral sin precedentes. En 2018 el país celebrará 30 elecciones. En julio del próximo años los mexicanos elegirán 3.416 cargos públicos en los 32 estados. Casi un millón de ciudadanos será funcionario de casilla. México prepara esos comicios con una gran interrogante en el aire. ¿Está la autoridad electoral preparada para un reto de ese tamaño? En los últimos días han aumentado las críticas al Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo creado en 1990 para dar certidumbre a un país que tiene desconfianza crónica de los resultados electorales.

La crisis de credibilidad del INE se ha acentuado en las últimas semanas. Los consejeros electorales resolvieron a más de un mes de las elecciones del 4 de junio las controversias registradas en Coahuila. Sin embargo, el triunfo del PRI y su candidato, Miguel Riquelme, está en el aire. La Unidad de Fiscalización del INE determinó que el partido rebasó los topes de gasto de la campaña, lo que es suficiente para anular la elección según la Constitución.

El INE informó preliminarmente a principios de julio que Riquelme rebasó el techo de financiación un 31%. El candidato del PAN, Guillermo Anaya, que pide anular y repetir las elecciones, también superó el máximo de gasto, por 26%. Tras una semana de intensas presiones de los partidos políticos el INE modificó sus conclusiones tras revisar los dictámenes y ampliar el plazo a los partidos para presentar pruebas. La autoridad electoral afirmó este martes que Riquelme sobrepasó el techo 7,8%. Anaya estaría dentro de los márgenes contemplados por la ley, con un 4,8% más de lo permitido. Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial quien califique el destino de la elección.

“No hay reglas claras ni concretas. Me preocupa esa intención de buscar por dónde se puede multar cambiando de criterios, dejando a los actores en estado de indefensión. Estamos en un tema preocupante. Son cuatro elecciones. Imagínense el próximo año que son 30. Es una situación de total incertidumbre”, dijo Jorge Herrera, el representante del Partido Verde ante el INE, en la sesión extraordinaria del consejo.

Herrera jugó ante los consejeros el papel de víctima. Pero los políticos son quienes han minado la credibilidad e independencia del INE según activistas y ciudadanos. Ahora y Por México Hoy, dos movimientos de izquierda desvinculados de los partidos, solicitaron este martes la renuncia de los integrantes del consejo general del instituto, once consejeros y su secretario general. Estos grupos creen que los consejeros se han convertido en instrumentos de quienes gobiernan el país. Aseguran que solo la renovación total de la autoridad electoral podría devolver la autonomía al INE, perdida en 2003 con una reforma que modificó la forma de elegir a los consejeros. Desde entonces el carácter apartidista y ciudadano de los consejeros se ha ido diluyendo.

“Esto sería un ejercicio voluntario. Una vez que tienes la renuncia de los consejeros electorales se detonaría un proceso previsto en la Constitución para suplirlos”, explica Alfredo Figueroa. Este exconsejero electoral (2008-2013) e integrante de Ahora explica que hay tiempo suficiente para renovar la autoridad electoral rumbo a las elecciones de 2018. “Estamos planteando esta discusión nacional con varios actores políticos porque México ha experimentado procesos de esta naturaleza”. La reconstrucción del instituto la imagina a través de un mecanismo similar al utilizado en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, un organismo autónomo que nació esta semana con un futuro incierto porque el Senado no le ha asignado un fiscal que lo presida a pesar de dos años de discusiones.

Ahora no hace el señalamiento de forma desinteresada. El grupo encabezado por Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó una denuncia por financiación irregular del PRI en las elecciones del Estado de México. Una investigación realizada por ellos, conocida con el nombre El Ciclo, reveló que más de 9.000 representantes de casillas eran también beneficiarios de programas del Gobierno de Eruviel Ávila, del PRI.

Ahora se queja de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, presidida por un excolaborador de Alfredo del Mazo, el candidato triunfador en el Estado de México, tardó más de 30 días en admitir la denuncia. Cuando lo hizo no citó a declarar a funcionarios ni a las empresas que aparecían en el documento. Tampoco se preocupó por investigar el destino de los recursos públicos. La denuncia fue declarada improcedente por el consejo general. “Las Autoridades electorales han sido incapaces de frenar o levantar la voz ante el cúmulo de irregularidades... [están] indispuestas a enfrentar al presidente y su gabinete vuelto maquinaria electoral”, afirma Ahora.

Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial, también ha exigido la renuncia de los consejeros electorales. El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sufrió en carne propia elecciones sucias. El IFE, antecesor del INE, fue creado en 1990, dos años después del fraude electoral de 1988 que desconoció una supuesta victoria de Cárdenas y dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. “Tenemos que frenar y erradicar de nuestros procesos el dinero sucio y la intromisión de las autoridades. Hoy se requiere una autoridad electoral plenamente confiable, lo que no sucede”, dijo Cárdenas el martes. La autoridad electoral mexicana está en el ojo del huracán.

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