Con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se espera que el próximo domingo, en el marco de los festejos por la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue el decreto de ley para que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos a través del voto popular, como sucede con otros cargos públicos.

Tan pronto entre en vigor la reforma constitucional, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá el desafío de organizar la primera elección judicial en México, prevista para junio de 2025.

En ese sentido, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reveló que ya están realizando reuniones con las áreas técnicas del instituto para planificar este inédito proceso electoral, que abarca la elección de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al menos la mitad de los jueces y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con la reforma, los ciudadanos de todo el país deberán acudir a las urnas y en este tipo de elección, deberán elegir entre decenas de candidatos para los distintos niveles de procuración de justicia a nivel federal.

El reto de organizar un proceso electoral tan grande, como señaló Taddei Zavala, implica una serie de reuniones con consejerías y áreas técnicas del instituto. Además, en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos, el INE incluirá los recursos necesarios para la realización de esta elección de cargos judiciales.

No obstante, cuando se le preguntó acerca de la instalación de 170 mil casillas, como en las elecciones federales, Taddei evadió dar una respuesta clara, indicando que todavía hay muchas preguntas por resolver. Al respecto, las leyes secundarias deberán explicar de forma detallada cómo se desarrollará el proceso.

La reforma propone que por primera vez en la historia del país, los magistrados y jueces del poder judicial sean electos mediante el voto directo de los ciudadanos, bajo la organización del INE. Es un cambio significativo en la estructura electoral y judicial que requiere una planificación meticulosa y colaboración entre diversas entidades, apuntan las autoridades electorales.

Qué sigue para la reforma judicial

Antes de que la reforma entre en vigor, esta debe ser avalada por 17 congresos estatales, declarada como reforma constitucional y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una vez cumplidos estos pasos, para lo que se ha estipulado un máximo de siete días desde su entrada en vigor, el INE llevará a cabo una sesión inaugural para “dar por iniciada la etapa de preparación de la elección extraordinaria”.

Para esta primera elección judicial todavía no se cuenta con leyes secundarias ni regulación propia emitida específicamente para este fin.

La reciente aprobación de la Reforma Judicial en el Senado fue un paso crucial, pero el destino de la misma aún es incierto, ya que podría ser objeto de revisión por la SCJN para determinar su constitucionalidad.

Desde el INE, Taddei expresó la determinación de la institución de estar preparada para asumir esta responsabilidad. “Deberemos de estar listos, es un mandato constitucional”, afirmó, subrayando la obligación del organismo de cumplir con las disposiciones si la reforma es implementada.

En cuanto a los efectos jurídicos y sociales de esta reforma, el tiempo y las decisiones de las instancias correspondientes dictarán el camino a seguir. Por ahora, el INE se mantiene en una fase activa de preparación y análisis, listo para responder ante la posible entrada en vigor de esta reforma histórica.