Fuente: El País

Cristina salió de su pueblo con su esposo y sus tres hijos en el verano de 2011. Una noche antes de su partida, un comando llegó a esa localidad de la zona serrana de Sinaloa y saqueó casas para luego incendiarlas. "Llegaron varias camionetas y hombres con (rifles) cuerno de chivo y entraron a las casas en busca de los contras (rivales) de su cártel. Lo que querían se lo llevaban, o quemaban casas y golpeaban a los hombres que oponían resistencia", cuenta la mujer. Después de tres horas de viaje desde el poblado cercano al municipio de Choix, llegaron a la ciudad de Los Mochis y se instalaron en casa de un conocido. "Cuando volvimos a intentar rescatar algo, ya no había nada, se habían llevado los animalitos, y las pocas cosas de valor que teníamos", narra en entrevista.

La vida de Cristina y su familia comenzó de cero. Vendieron el coche para ahorrar unos cuantos pesos y desde entonces recorren las oficinas gubernamentales pidiendo ayuda, pero sólo han obtenido evasivas. "Siempre dicen que no les toca a ellos (atenderlos), y nos mandan a otra parte... lo único que hemos conseguido es una que otra despensa, como si con eso se nos fuera a solucionar el problema", asegura.

El caso de esta mujer evidencia el drama de los desplazados en Sinaloa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades de ese estado del noroeste del país para que atienda a 2.038 víctimas de desplazamiento forzado interno en los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix. "Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia", señaló el organismo en un comunicado.

En mayo del año pasado, la CNDH presentó un informe donde denunciaba que el Gobierno mexicano era incapaz de combatir la violencia que llevaba al desplazamiento forzado. Entre 2007 y 2016 habían contado en todo el país a 35.433 personas que abandonaron el lugar donde vivían y en nueve de cada 10 casos la causa fue la violencia desatada por la pugna entre bandas del crimen organizado.

Luz es otra sinaloense que salió hace diez años de su pueblo, cerca de Choix, ubicado en los límites entre Sinaloa y Chihuahua, huyendo de los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. "Ahí hay gente dice ser dueña de la plaza y ellos nomás disponen", cuenta en entrevista telefónica con este medio. La mujer de 31 años dice que una vez estaba en una fiesta con unas amigas y un grupo de sicarios se las llevó en un coche. "Nos dijeron que a dar la vuelta, pero luego ya no nos querían bajar. Hay muchachas a las que se las han llevado y agarrado de mujeres, otras a las que han levantado para que les hagan comida o les laven, y ya no las vuelven a ver", afirma.

Ella también se estableció en Los Mochis, donde actualmente trabaja preparando y vendiendo pan. La mujer de 31 años vivió un tiempo con su hermana y después se fue a habitar una casa de las periferias que estaba deshabitada. "Pedimos al Gobierno que nos ayuden, no queremos que nos regalen estas casas, pedimos que nos las vendan a pagos", expresa. Luz es madre soltera y acusa que las autoridades nunca los han atendido. "Ahora está peor la violencia, allá de donde yo era está peor, ya casi no queda nadie. Uno nomás añora volver, pero no se puede", dice.

Una ley pendiente

México no cuenta con una ley especial que atienda el problema de los desplazados. La Ley de víctimas ofrece apoyo a las personas que abandonan su hogar, pero la ayuda que ofrece la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es muy limitada, ya que la norma no ahonda en la problemática. La CNDH ha insistido en la creación de una ley general que atienda a los afectados y establezca las atribuciones y obligaciones del Estado mexicano en el tema.

En la recomendación emitida a Sinaloa, el organismo nacional pidió a las autoridades locales y estatales diseñar un protocolo de seguridad en los municipios señalados para que los afectados puedan regresar a sus hogares de manera voluntaria y sin temor de que su vida corra peligro. También solicitó brindarles atención médica y psicológica, así como un programa de vivienda al que puedan acceder los desplazados mientras vuelven a sus lugares de origen. "Una de las mayores preocupaciones de las personas desplazadas es el abandono de sus tierras ejidales que en varios casos han pertenecido a sus familias a través de varias generaciones. Por esa razón, el gobierno de Sinaloa y los ayuntamientos deberán informar a la Procuraduría Agraria sobre la situación de desprotección y posibles afectaciones que han sufrido las tierras ejidales", se asienta.

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