Fuente: MVS Noticias

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la versión pública del contrato celebrado para la adquisición del sistema informático conocido como “Pegasus”.

Un particular solicitó a la PGR, entre otra información, fecha y hora de intervención; carpeta de investigación; nombre de los jueces que autorizaron; contratos de los nuevos equipos utilizados para la intervención; solicitud de las empresas de telefonía y casos concretos donde se aprehendió al delincuente o se haya rescatado a un secuestrado, que ya causaron estado.

En respuesta, la Procuraduría clasificó todos los rubros, salvo el relativo a los contratos de equipos y las empresas de telefonía, sobre los cuales manifestó que contaba con cero registros.

El INAI formuló un requerimiento de información adicional y celebró dos diligencias de acceso, en las que se tuvo a la vista el contrato para la adquisición del sistema “Pegasus” y su anexo técnico. La PGR indicó que dicho contrato actualizaba los supuestos de reserva establecidos en la Ley Federal de Transparencia. Respecto de otros contratos para la adquisición de nuevos equipos utilizados para intervenir teléfonos, señaló que la información era inexistente.

Tras analizar el caso, los comisionados resolvieron que resultaba procedente la reserva la información relacionada con la ejecución de intervenciones de comunicaciones privadas, ya que su divulgación podría obstaculizar la actividad del Ministerio Público durante la investigación y persecución de los delitos, pues permitiría identificar los casos en los que se están practicando, lo cual inhibiría su efectividad.

En relación con la reserva del contrato de software conocido como “Pegasus”, se advirtió que únicamente es procedente la clasificación de las especificaciones técnicas y métodos de operatividad del software, en virtud de que su difusión podría potencializar un riesgo-amenaza a la seguridad nacional, pues se trata de datos que son útiles para la generación de inteligencia.

Asimismo, se consideró viable proteger los datos de aquellas personas físicas que participaron en la contratación y tienen conocimiento concreto sobre los métodos y especificaciones técnicas, pues su divulgación permitiría su identificación y localización, propiciando riesgos para su vida, seguridad y salud.

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