Fuente: El País

En los campos agrícolas de Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua —los de mayor producción en México— prevalece un modelo de explotación y desigualdad que se ha fortalecido durante años. Un puñado de empresarios se ha valido de sus conexiones políticas para incrementar su dominio y ha obtenido subsidios gubernamentales para mejorar la producción, mientras que mantienen a sus jornaleros en condiciones indignas, inseguras y de explotación laboral.

EL PAÍS recorrió cinco estados donde encontró que los trabajadores que tienen contacto con plaguicidas no tienen ni la ropa adecuada para protegerse del daño de los químicos, los empresarios contratan a los jornaleros a través de “enganchadores” a fin de evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales, los empleados de la tercera edad no cuentan con una pensión porque nunca estuvieron inscritos al seguro social y eso los condena a una vejez en la miseria, el sueldo es tan bajo –ente 6 y 10 dólares- que no les alcanza ni para adquirir una canasta básica y las mujeres sufren acoso sexual.

En estas entidades los grandes empresarios han acaparado los subsidios del principal programa de apoyo al campo, Proagro, antes conocido como Procampo. El subsidio gubernamental que surgió como un apoyo compensatorio para los pequeños productores ante la apertura mercantil del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, ha repartido a nivel nacional 58.702 millones de pesos (3.261 millones de dólares) en los últimos cinco años, pero no ha cumplido con el propósito de incrementar la productividad agrícola porque beneficia a quienes más tienen y deja fuera a los que realmente lo necesitan.

Fermín Murrieta tiene un pequeño terreno en Ajalpan, una localidad con carencias ubicada en el estado de Puebla, donde siembra cebolla. Alguna vez buscó un subsidio del Gobierno federal para incrementar su producción, pero nunca consiguió el apoyo. Su única alternativa fue emplearse en los campos agrícolas del norte del país como jornalero, donde se ha tenido que someter a extenuantes jornadas laborales y a bajos sueldos, sin contar con seguridad social.

Las condiciones laborales que contravienen las normas persisten en gran parte de los campos del país y las autoridades son tan laxas en la aplicación de la ley que las multas a las empresas son irrisorias. Entre 2006 y mediados de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó 2.557 visitas de inspección a campos agrícolas en los 32 estados del país, donde encontró 55.807 irregularidades. La Secretaría impuso 58,3 millones de pesos en multas (unos 3,2 millones de dólares), pero las empresas sólo han pagado el 2,5% debido a que han recurrido a procedimientos legales para no liquidar las sanciones.

Una de las fallas más recurrentes en materia de seguridad e higiene es el manejo de plaguicidas y agroquímicos. Entre el 2013 y agosto de 2017 la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo realizó 333 operativos. Las autoridades encontraron 12.532 irregularidades entre las que destacan que a los jornaleros que manejan plaguicidas no se les practican exámenes médicos para monitorear su salud, no se les brinda equipo de protección personal y en algunos campos no hay ni siquiera agua y jabón para que se laven las manos.

Desigualdad
Una investigación académica del centro de análisis Fundar reveló que tan sólo durante el sexenio anterior (2006-2012) las grandes empresas (un 20% del padrón) recibieron el 60% de los subsidios, mientras que el restante 40% se repartió entre los pequeños y medianos productores que conformaron el 80% del padrón de los beneficiados por Sagarpa durante ese periodo.

Un ejemplo emblemático de las anomalías y la disparidad con la que se reparten los recursos ocurrió en Sonora (norte de México), donde el exsecretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani, benefició a sus empresas con unos 30 millones de pesos (1,6 millones de dólares) provenientes de diversos subsidios gubernamentales. El exservidor público fue consignado por el delito de ejercicio abusivo de funciones, informó en su momento la Fiscalía general (PGR).

Desde el 2016, tras los cambios en las reglas de operación, el programa es menos regresivo porque se logró acotar los apoyos a los grandes productores mediante topes, ha señalado Fundar. Sin embargo, aún falta incorporar en los padrones a los pequeños productores del centro y sur del país, los más desfavorecidos desde que se crearon estos subsidios.

Otro ejemplo de la desigualdad en el campo se haya en la concentración del agua en pocas manos, como en Sonora, donde los pequeños productores han tenido que vender sus tierras al quedarse sin concesiones de agua para sus cultivos. En Chihuahua los rarámuris han tenido que abandonar la sierra tarahumara y sus cultivos de autoconsumo ante la violencia que azota la región y han tenido que desplazarse a otras localidades para emplearse como jornaleros.

Impunidad
El 97,5% de las multas que ha impuesto la Secretaría del Trabajo y que aún están sin saldar es porque fueron revocadas, la sanción fue improcedente, hay un juicio en curso o la multa fue anulada por un tribunal.

Sinaloa es el estado donde más multas ha impuesto la STPS por un monto de 14,6 millones de pesos (poco más de 800.000 dólares), pero el 97,6% han sido anuladas por el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que el restante 2,4% “fueron enviadas para su cobro” desde 2009 y 2010, y aún no se han liquidado.

La mayor parte de las multas fueron anuladas por el Tribunal de Justicia Administrativa porque hubo una errónea valoración de pruebas por parte de la STPS, las inspecciones no contaban con firma, caducó el procedimiento administrativo, hubo una indebida fundamentación de la orden de inspección, no se tomaron en cuenta a tiempo las pruebas presentadas por la empresa o no se notificó a la compañía sobre el emplazamiento jurídico.

Explotación laboral
México ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina y vende productos agroalimentarios a más de 150 países. Las ventas de estos alimentos en el extranjero alcanzaron en 2016 una cifra récord de casi 30 mil millones de dólares. Los cinco Estados donde se centra este reportaje contribuyeron en 2016 con el 35% del total del valor de la producción agrícola nacional. Pese a las jugosas ganancias, la mano de obra del campo nunca ve reflejados estos beneficios en mejores condiciones laborales.

La información presentada en este reportaje —que se desprende de una revisión hecha a las minutas de inspección levantadas por la STPS, a los reportes de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a las quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en las comisiones locales (documentos obtenidos tras diversas solicitudes de información)— busca exponer la realidad del campo mexicano a través de distintas problemáticas que prevalecen en los cinco estados más agrícolas del país.

Activistas y diversos informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que el gobierno mexicano ha fallado en garantizar condiciones dignas de empleo a los jornaleros agrícolas y los ha condenado a trabajar como “esclavos” con salarios tan bajos que apenas pueden subsistir. Margarita Nemecio, defensora de los trabajadores del campo, dice que esta situación no cambia porque nunca se castiga a las empresas que incumplen las leyes laborales.

“El gobierno los ha condenado a trabajar como esclavos, Los ha expulsado de sus tierras y los ha desplazado de manera forzada a los campos agrícolas del norte del país (...) En estos lugares no importa su nombre, su origen, sus condiciones físicas, mucho menos sus derechos y su dignidad, lo que importa es que rindan, que generen riqueza, que le asegure un futuro lleno de confort a los empresarios”, denuncia el informe Migrantes somos y en el camino andamos de Tlachinollan.

Una de las fallas más recurrentes en materia de seguridad e higiene es el manejo de plaguicidas y agroquímicos. Entre el 2013 y agosto de 2017 la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo realizó 333 operativos. Las autoridades encontraron 12.532 irregularidades entre las que destacan que a los jornaleros que manejan plaguicidas no se les practican exámenes médicos para monitorear su salud, no se les brinda equipo de protección personal y en algunos campos no hay ni siquiera agua y jabón para que se laven las manos.

Otras de las anomalías encontradas es que los empresarios contratan a los jornaleros a través de “enganchadores” a fin de evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales, los empleados de la tercera edad no cuentan con una pensión porque nunca estuvieron inscritos al seguro social y eso los condena a una vejez en la miseria, y las mujeres sufren acoso sexual.

https://elpais.com/especiales/2018/campo-mexicano/?id_externo_rsoc=FB_MX_CM