Fuente: La Jornada

Una comisión de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se presentará hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que la investigación oficial sobre el caso no ha registrado avances sustantivos, pese a existir un cronograma de actividades para ello.

Como parte de una audiencia convocada de oficio por la CIDH, en la cual estarán presentes tanto los familiares de las víctimas como representantes del Estado mexicano, harán un recuento de los pendientes de la indagatoria.

A 41 meses de la agresión contra sus hijos, los padres y madres de los estudiantes enfatizarán que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha esclarecido cómo los celulares de las víctimas tuvieron actividad después de su detención y desaparición, ni tampoco ha informado sobre el análisis de la coordinación telefónica de los victimarios ni sobre su identificación.

De igual forma, subrayarán que en marzo se deberán realizar nuevas búsquedas con tecnología LIDAR para concluir con los puntos pendientes incluidos en el polígono de búsqueda de 60 kilómetros cuadrados definido por las recomendaciones del GIEI, luego de que entre noviembre y diciembre de 2017 se realizara una búsqueda en donde no hubo resultados positivos.

Los familiares de los normalistas resaltarán también que siguen existiendo personas prófugas cuya detención es fundamental para el pleno esclarecimiento de los hechos, además de que en otros casos ni siquiera se ha logrado hacer que comparezcan personas contra las que se han emitido órdenes de presentación.

Asimismo, no se sabe de alguna nueva detención relacionada con el caso o que haya dado información relevante en más de un año, “por lo que anunciar la presentación de cargos penales o la obtención de órdenes de captura no es un avance”.

Por otro lado, llamarán la atención sobre la falta de cumplimiento de las líneas de investigación relacionadas con otras corporaciones de seguridad, así como de la posible colusión de actores estatales con grupos de crimen organizado en la región, “desde una perspectiva que permita explicar cabalmente hechos de la magnitud de los ocurridos noche del 26 y 27 de septiembre y los subsecuentes hechos de ocultamiento”.

Por todo lo anterior, los padres y madres exigirán que el Estado agote las líneas de investigación pendientes e informe cómo lo hará; reconstruya las trayectorias de los celulares de las víctimas, y rectifiquen la versión de que la totalidad de los teléfonos fueron destruidos o quemados.

También solicitarán que se proceda contra quienes tengan alguna responsabilidad por haber obtenido los teléfonos o chips de las víctimas, que el Estado garantice los recursos necesarios y el acompañamiento de la policía en las búsquedas con LIDAR, y que el Poder Judicial resuelva los conflictos competenciales que han impedido que se emitan órdenes de aprehensión necesarias.

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