Fuente: El País

El PRI ha bloqueado este martes en el Congreso la investigación de una rama del caso Odebrecht en México, la trama brasileña de corrupción que ha sacudido ya a países como Perú y Colombia, y cuya sombra planea también sobre los negocios y la política mexicana. La mayoría en la cámara del partido en el Gobierno sirvió para neutralizar la propuesta de la oposición para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) avanzara en sus pesquisas sobre las irregularidades ya detectadas en unos contratos entre Pemex y una filial de Odebrecht por unos 2500 millones de pesos (135 millones de dólares)

En un reciente informe, el auditor mexicano certificó que entre 2015 y 2016 la petrolera pública mexicana pagó más de 668 millones de pesos por servicios no prestados, a la vez que se apuntó unas pérdidas de 1935 millones con la venta de etano por debajo del precio de mercado. Ambas operaciones en el marco de un mega proyecto petroquímico controlado por la mexicana Idesa y la brasileira Braskem, subsidiaria de Odebrecht.

A petición de la diputada de Morena Rocío Nahle -la candidata de la formación de López Obrador para ocupar la cartera de Energía- el siguiente paso era la aprobación del Congreso para una investigación más exhaustivita y abrir, en su caso, acciones judiciales contra los funcionarios implicados. Con 182 votos en contra y la abstención de una sola silla priista, esta nueva ramificación del mayor caso de corrupción conocido en la región por décadas queda de momento bloqueada.

Mientras que la trama ha provocado un tsunami político en países como Brasil, Perú o Colombia, en México la polémica se circunscribe de momento a las novedades que se van conociendo del caso abierto por la justicia brasileña o informaciones esporádicas revelados por investigaciones independientes. En octubre del año pasado, días antes de su renuncia como procurador general, Raúl Cervantes anunció: “ha concluido la investigación respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción que en América Latina y México se hayan visto".

Casi medio año después, aun no se conocen las conclusiones de dicha investigación, más allá de la carpeta abierta a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex de 2012 a 2016, por cohecho y enriquecimiento ilícito; y la inhabilitación impuesta por Secretaría de la Función Pública a la constructora brasileña para participar en contratos públicos.

En diciembre, el exdirector en México de la constructora brasileña reconoció haber sobornado al exdirector de Petróleos Mexicanos con cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros). "Le dije que estaríamos dispuestos a contribuir (...) para reconocer, digamos, la atención que nos había dedicado en los últimos años". Así narró Luis Alberto de Meneses Weyll el pago de un presunto soborno a Emilio Lozoya, que en 2012 era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto.

En la misma línea, las investigaciones de la plataforma Mexicanos contra la corrupción han revelado la intervención durante la campaña presidencial de Braskem, la subsidiaria investigada también por el órgano auditor, con tres transferencias por valor de 1,5 millones de dólares a favor de una empresa vinculada a Lozoya por distintos delatores involucrados en la investigación de la Justicia brasileña.

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