Fuente: Noticias MVS

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, señaló que en el caso del uso de recursos públicos para la compra de sistemas de intervención de comunicaciones privadas, el organismo a su cargo podría ajustar el calendario de fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

Lo anterior, a fin de revisar el gasto de las dependencias federales que de acuerdo a una investigación periodística del diario The New York Times, habrían utilizado esa herramienta para “espiar” a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

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Entrevistado en el marco de la reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, Portal Martínez agregó que hasta el momento no se ha encontrado irregularidad en la compra de software para realizar labores de inteligencia, por parte del gobierno federal.

“Ilegal, no lo hemos encontrado, lo que pudiéramos determinar son procedimientos que son ineficientes o ineficaces, pero no exclusivamente el caso de Pegasus, ese todavía no hemos revisado nada, pero posiblemente revisemos su adquisición”, refirió.

“La verdad es preocupante lo que se ha publicado, pero todavía no tengo yo evidencia de nada, tenemos que planearlo, programarlo y realizarlo. Tenemos una solicitud que tengo entendido, nos la van a enviar para que podamos intervenir en esto. Si fuera necesario cambiaríamos el programa para incorporarlo”, reiteró.

El auditor superior también habló de la polémica generada por la actuación inadecuada del Auditor Superior del estado de San Luis Potosí, quien habría participado en una red de corrupción que incluía el cobro de “moches” con el fin de “limpiar” las cuentas públicas de algunos municipios. “Esto no debe existir”, recalcó.

En cuanto a las acusaciones contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Duarte, respecto a que habría desviado fondos públicos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclaró que la ASF revisa el ejercicio del gasto conforme lo reportan las entidades y organismos con acceso a dinero público, pero difícilmente podría detectar anomalías en torno al uso de recursos que no se reporta a la autoridad.

Conforme avance la comprobación del gasto, apuntó, el ente fiscalizador federal podría encontrar algún indicio y actuar en consecuencia, es decir, solicitar la restitución de los fondos o bien, interponer denuncias penales por daño a la hacienda pública, como ya se hizo en el caso de Chihuahua.

Asimismo, aprovechó para recordar que con las nuevas facultades conferidas a la Auditoría Superior, como parte de las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, a finales del presente mes, se presentará un informe parcial sobre los hallazgos en la revisión de la Cuenta Pública 2016.

Mientras tanto y con respecto a la Cuenta Pública 2015, reiteró que aún podrían formularse más denuncias por uso irregular del gasto, puesto que no ha cerrado el periodo de solventación de inconsistencias por parte de las dependencias y organismos requeridos.

Sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, refrendó el llamado a los estados y en particular a sus gobernadores, permitir que las Auditorías Superiores locales sean autónomas e independientes, para que no queden sujetos a la voluntad del gobernante en turno, ni se les ate de manos con la imposición de funcionarios afines a la autoridad.

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